ENCADENADOS

No hace muchos días millones de personas de todo el mundo se han sentido horrorizadas ante la vejación que cometían ciertos soldados que orinaban sobre los cadáveres de unos militares afganos. Al parecer lo que tanto ha indignado es la micción y no el hecho mismo de que, previamente, los hubieran podido haber matado. Como si fuera más injuria la que se recibe en muerte que la que, por estar vivo, te aniquila. Pero, enojarse contra la perversión de esta hueste, no debe dejar a salvo la iniquidad que la provoca, cual es la guerra que, a despecho de nuestro querer, pagamos entre todos
Se nos olvida, por cierto, que desde que se inició la guerra contra  Irak, ya hace once años, los EE.UU. han gastado más de 900.000 millones de euros en la misma y que el pasado 2011 ha enterrado la sexta parte de su PIB en aquellos desiertos tan llenos. Y, sin embargo, si uno ha de hacer caso a los analistas al uso, estos gastos nada tienen que ver con la crisis. ¿Seguro? Sin contar lo más doloroso, la pérdida inútil de tanta vida, incluida la del centenar de soldados españoles allí enviados, la ISAF, que es cómo se llama la fuerza española en Afganistán, nos ha costado 2.500 millones de euros y lo que te rondaré.
Ciertamente, al lado de los gastos descomunales de los Estados Unidos, es cifra ridícula. Aunque no tanto si la comparamos con otras. Por ejemplo, según el gobierno, el incremento de la contribución (o sea del tipo impositivo del IBI, que es como lo dicen), durante 2012 y 2013 va a permitir recaudar 918 millones de euros más (es decir, ni la mitad de lo que nos hemos gastado en Afganistán). Pero, como ahora dirán que este impuesto es progresivo, después de años de decir que no, que es proporcional, fijemos nuestros ojos en otros números. Por ejemplo, podemos decir que con lo que hemos gastado los españoles en esa no reconocida guerra habría para cubrir, con las cuentas actuales, el presupuesto del Ayuntamiento de Ávila durante 47 años. ¿Que el salto parece grande? Pues recordemos que lo de Afganistán ha costado lo mismo que lo invertido en 2011 por el anterior gobierno de Estado en servicios sociales y promoción social y poco menos de lo gastado en energía e industria. Luego clamarán por una reforma laboral abaratadora de despidos para arreglar lo del paro. 
En suma, los adoradores del becerro de oro prefieren que nos ofusquemos ante una ignominia, intolerable, a que indaguemos en las causas políticas y económicas que llevan a una persona a dejar de serlo cometiéndola.

Las palabras y las cosas

Es escuchar un telediario u hojear un periódico y se me aparece Humpty Dumpty, con su cuerpo de huevo, subido en el muro en el que lo dejó sentado Lewis Carroll en Alicia a través del espejo, diciéndole a la niña que el significado de las palabras no depende de las cosas mismas sino de quien manda. ¿Será que no nos ponemos de acuerdo porque creemos que, cuando usamos las mismas palabras, decimos lo mismo y sin embargo cada quien atribuye los significados en función de la conveniencia? Porque, lo confieso, me lío mucho cuando alguien, aunque sea ministro, llama “esfuerzo de solidaridad” a que los que tienen menos paguen más que los que tienen mucho. Iba a escribir que los pobres mantengan a los ricos, pero, para los que mandan, sabido es,  cualquier afirmación que recuerde que hay pobres y, sobre todo, por qué los hay, se llama demagogia.  

Y difícil es, por cierto, saber en qué consiste eso de la demagogia. Si cualquiera, pongamos por caso, dice que las rentas de capital tienen que tributar más de lo que ahora lo hacen, no faltará locuaz portavoz que replique inmediatamente que se busca embaucar a desorientados mediante falaz demagogia. Ahora bien, si la misma persona sugiere que las rentas del trabajo han de hacer un esfuerzo (como si el esfuerzo no lo hicieran las personas en vez de unas abstractas rentas) e incrementar adicionalmente su tributación, ya no será demagogia sino la aplicación de racionalización a los procesos económicos. (Por supuesto, aunque no cambien la estructura impositiva, mejor que toquen el IRPF que el IVA, pero en el orden de los principios ni la excepcionalidad ni la temporalidad justifican la suspensión de la moralidad inherente a afirmar una cosa y hacer la contraria con una semana de diferencia: la historia, y el presente, nos muestran cómo demasiadas leyes “excepcionales” y temporales (todas lo son) se han convertido en habituales e inamovibles).

Así es que, con estos mimbres, que alguien acuse a la ciudadanía de estar acostumbrada al (casi) gratis total por participar de aquello que se sostiene con los impuestos que previamente ha pagado, ya sea la sanidad o actividades culturales, suena a ardid destinado a hacer pagar dos veces por lo mismo dando la impresión de que no se ha hecho ninguna y se depende de la magnánima generosidad del prócer de turno. Cosa distinta es cuánto y, sobre todo, quiénes deben pagar. Pero sobre esto, cualquier cosa que se diga y no coincida con lo que afirman los que nos han llevado a la ruina será, cómo no, demagogia.

Legitimidad o legalidad

Ha sido conocerse la supuesta sinvergonzonería del señor Urdangarín, con todo el corolario de delitos que se le atribuyen y habrán de ser probados en sede judicial, y, además de las apuestas acerca de si prevalecerá la isonomía propugnada por algunos clásicos, la igualdad de todos ante la ley, se ha destapado una competición de coros para acreditar o desacreditar la monarquía como forma de gobierno. Dicen unos que tales actos no la empañan; otros, en cambio, aseveran que son prueba de su invalidez.

            Mas semejante debate profundiza en la deliberada confusión entre legalidad y legitimidad. Un ayuntamiento, comunidad autónoma o caja de ahorros, pongamos por caso, no pierde su carácter o condición porque uno de sus gestores se dedique a cometer cuánta tropelía le parezca. Si alguno de estos quebranta la ley tendrá, mandato judicial previo, que cumplir la pena que se le imponga sin que la institución se deslegitime. Tal ocurre porque mientras la legalidad tiene que ver con las reglas formales emanadas del poder, la legitimidad en que éste se asienta precisa de un acuerdo social que, yendo más allá del consenso sobre las formas, se funda en la aceptación de los fines. Por supuesto no hay que confundir legitimidad con democracia pues ejemplos hay, como Max Weber mostrara, de naciones que aceptan carismáticamente o por mera tradición a gobernantes que no son fruto de elección alguna. O incluso otras, no tan alejadas, que aplauden un paternalista “despotismo tecnocrático” presentado como súmmum de una pretendida racionalidad.

            Y así, mientras la legalidad se deteriora por su inutilidad, la legitimidad de una institución se menoscaba sólo cuando se produce un distanciamiento entre los principios y fines sociales en que se basa y aquellos que representa. Por tanto, más allá de cualquier factor distorsionador, que los hay en abundancia, el problema no es la eficacia o ineficacia, el coste o el comportamiento de sus miembros: lo que cuestiona la legitimidad de la monarquía es si una sociedad que se dice democrática puede tener por máximo representante a alguien que no ha sido elegido por nadie. En suma, si la legitimidad va más allá de aquellas controversias postmedievales que planteaban que es la ley quien hace al rey y no el rey quien hace la ley, tendremos que discutir no sólo de los medios con que nos dotamos para gobernarnos, las leyes, sino también de los principios en que éstas se han de asentar y los fines que como sociedad buscamos.  Feliz y propicio 2012 para todos.

El manual (o el perfecto dogmático)

No hay cosa más arriesgada para una sociedad que sus dirigentes se empeñen en  vivir en el dogma. Por supuesto una cosa es creer, cada quien tiene derecho a sus propias creencias, por equivocadas que sean, y otra es imponer como incuestionable evidencia la propia opinión como si indubitable verdad absoluta fuera. Igual da que sea el dogma de  derechas o de izquierdas, laico o religioso, civil o militar. Quien lo impone como único credo abomina del fundamento de la convivencia porque, por fuerza, elimina de la misma el respeto por las personas.

            Vemos con cierto desconsuelo como en las últimas semanas, meses diríamos, dirigentes europeos de toda laya y condición han decidido que hemos de arrodillarnos todos ante el control del déficit. Y lo que sano es, que éste no se desboque, termina siendo enfermiza obsesión que olvida todo aquello que no aparece en la página del manual ortodoxo que establece como obligación primera su vigilancia. Porque se asumió el nivel propicio al que debía llegarse en un, como dicen, escenario macroeconómico totalmente diferente del que ahora hay. Pensaban los que enmascaran ideología con estadísticas que impiden la opinión, que podríamos reducir el mentado déficit en un contexto en el que la disponibilidad dineraria era mayor. Pero los recortes sucesivos lo que hicieron fue reducir el dinero que la gente tenía en el bolsillo y el efecto directo fue el estancamiento económico. Da igual, nos dicen, con crecimiento o sin él, hemos de llegar al objetivo señalado en el día prefijado. Si eso solamente puede hacerse al precio de empobrecer aún más a aquellos que ya nada tienen, pues caiga sobre ellos ese sacrificio. A fin de cuentas, a los gurús que solamente ven cifras, las personas les sobran para sus cuentas; si la cohesión social se quiebra, ya se recompondrá, parecen pensar.

So pretexto del equilibrio presupuestario hay quien está recuperando un darwinismo social de lo más ramplón que opina que los que en el camino queden, es porque no merecían estar en él. Y como quiera que la realidad sea tozuda y no se deja manejar así como así, en lugar de mudar aquello que propicia la desigualdad, los que hasta ayer incumplían las normas, cambiarán las existentes por otras. Obtendrán así las mejores notas en la aplicación del dogma que viene en la única página del manual ortodoxo que han leído. Claro que si pasaran la hoja, podrían leer que la economía ha de estar al servicio del bien público, y no la gente al de unas supuestas leyes económicas.

Una extraña jornada

        Paulatinamente los vehículos militares, armados hasta lo indecible, se situaron en las esquinas de la plaza festiva en la que numerosos estudiantes se arremolinaban junto a sus maestros para preparar el desfile conmemorativo de la Revolución. En el aire los cohetes estallaban anunciando la festividad y, mientras desayunábamos, veíamos imágenes de españoles votando a la vez que se ofrecían los primeros datos de participación.

      Resulta extraño para quien ha participado activamente en jornadas electorales verlo ahora desde tan lejos. Pero, la distancia no proporciona desapego de unos procesos necesarios para organizar la convivencia ciudadana. Si otorga una perspectiva que permite relativizar las palabras que sistemáticamente se reiteran en tales ocasiones. Más todavía cuando, tras regresar de una larga jornada en tierra zoque, no hallo canal televisivo que hable de las elecciones españolas, salvo titulares generales que recorren la parte inferior del monitor mientras el locutor informa de otras cosas. Lo que para nosotros es tan importante pasa totalmente desapercibido para otros que lo ven como un breve acotamiento en sus medios.

        No es sólo que la política se haya convertido en espectáculo donde aquello que no es insertado –billete en mano- en las redes de mercadeo, incluidos los medios de comunicación,  parece no contar para unos ciudadanos degradados de tal condición a la de meros usuarios o consumidores. El problema es que esa necesaria mediación hace que se confundan medios y fines y, sobre todo, se banalice lo histórico, algo, por lo demás, contra lo que ya nos advirtió H. Arendt. Representantes políticos tratados como cantantes o estrellas de cine se ven en la necesidad de portarse como si tal fueran y olvidar, volviendo a la mencionada Arendt, que el pluralismo es la condición de la libertad y de la igualdad entre los seres humanos.

      Pero ahora, se acabó el tiempo de la ambigüedad y del no enmendalla. Comienza uno nuevo; con gobernantes de los que se espera acierto en sus decisiones y que no olviden que son representantes de quienes les han elegido. Pero ni más histórico que el vivido hace un año, ni que el que venga dentro de otro. Cada grupo humano es responsable de su propia historia y ahora hemos decidido quiénes habrán de tomar las decisiones en nuestro nombre. Las económicas que adopten serán fundamentales, pero no menos que aquellas otras que nos permitan construir socialmente un país en equidad. Que no olviden que la democracia no sólo se mide por el gobierno de la mayoría sino, sobre todo, por el modo en que se respeta a las minorías.

Y el nominado es...

Se cumplirán el año próximo, ya cercano, cuarenta y cinco años desde que Guy Debord publicara su obra “La Sociedad del espectáculo”, a la que añadiría en 1988 unos “Comentarios.” Denunciaba ya entonces la conversión de la política, como otras muchas actividades, en un mero espectáculo, en un circo, como decimos por aquí, en el que el valor de la imagen se antepone a todo lo demás de tal forma, que la reflexión sosegada se vuelve inviable.  Tal es así porque los discursos difundidos como parte de un espectáculo se insertan en una lógica en la que el “actor” no precisa de respuesta, se legitima en sí mismo con su mera exhibición.

De hecho, parece que para algunos medios ha sido más importante la cuota de pantalla alcanzada por la retrasmisión del programa televisivo de la noche del lunes pasado, que el contenido de lo que allí se mostró. Ya en los días previos llegamos a saber tal cantidad de cosas banales en torno al mentado debate, que daba la impresión que debiera caer el estigma social sobre aquel que no se sentara ante las pantallas a consumir el previsible producto. Una vez más, “la naturaleza seductora del capitalismo consumista” se impuso sobre cualquier otra consideración y ni de soslayo se ha permitido la más mínima objeción al discurso de dos candidatos empeñados, a toda costa, en hacer creer a la ciudadanía que no son el mismo producto. Y así, mientras uno achacaba a quien se sentaba al otro lado de la mesa que su envase está caducado, respondía el interpelado señalando que en la etiqueta contraria no venían todos los ingredientes.  

            Lo importante era convencernos de que su mercancía era la genuina, no la copia, aunque hubo, como quien esto escribe, que no llegó a ver la diferencia. Y no por falta de empeño en descubrirla, sino porque demasiadas palabras que hubieran mostrado las especificidades de cada cual, ni se mencionaron: medio ambiente, cambio climático, financiación municipal, agricultura, infraestructuras, justicia, corrupción, turismo, patrimonio, etc.

            Menos mal que cada uno convenció a los suyos, que los festejaron cuál si fueran  exclusivos ganadores de un reality show, de un programa de ficticia telerrealidad. El problema es que el dogmatismo que impide ver que no hay gobierno tan malo que no haga algo bueno, ni tan bueno que no haga algo malo, deriva en sectarismo y éste en ignorancia. Que, de paso sea dicho, sólo se combaten con el diálogo no excluyente; aquel en el que participan todos y no sólo quienes en campaña están de rebajas.

ÁVILA (NO ESTÁ) EN LOS MAPAS

Que no hay mapa que cien años dure, puede comprobarse fehacientemente vislumbrando la representación que la provincia de Ávila ha tenido desde que aparece en los mismos. Si Felipe V ajustó el tamaño de las antiguas divisiones administrativas al crear en 1720 las intendencias, manteniendo la de Ávila como una de las 20 en que se dividió el país, el arranque del siglo XIX nos dio un susto. José de Bonaparte quiso reestructurar el país siguiendo, cómo no, el modelo francés de su hermano y Ávila, sencillamente, desapareció del mapa: ni prefectura, pues nos ubicaron dentro de una genérica “Duero-Pisuerga”; y de las 111 subprefecturas en que se dividió el país, ninguna tenía su sede en Ávila.

            Aunque esta división nunca llegó a entrar en vigor y Ávila volvió a asomarse en el mapa de provincias de 1822, y más tarde en el vigente de 1833, tal pareciera que se han retomado las pretensiones napoleónicas y Ávila ha vuelto a ser borrada del mapa. Mira uno el de las redes transeuropeas que se venden en precampaña electoral y tal pareciera que se hubiera diseñado con sumo cuidado para evitarnos. Se vuelve la vista al de los campus universitarios de excelencia internacional reconocidos en Castilla y León y además de no estar, como lógico es, en el reciente de las universidades de León, Burgos y Valladolid, se descubre que, a pesar del buen momento por el que pasa la universidad pública en Ávila, la concentración adicional “de recursos científicos, académicos, tecnológicos, culturales y empresariales”, así se llaman en el documento los más de cinco millones y medio de euros del subprograma de excelencia de la salmanticensi, se hará en torno a la enseñanza del español en Salamanca y al Centro de Caracterización de Recursos Biológicos. Vamos que tampoco salimos. Claro que en esto nos lo hemos ganado a pulso porque algunos de nuestros próceres creen que para que algo sea una universidad es suficiente con poner ese nombre en la fachada del edificio.

            En suma, parece que existe una geocultura, que diría Wallerstein, que ha ubicado la provincia de Ávila en la periferia interior y ha decidido que su destino es servir como reserva natural, tal vez espiritual que viene siendo lo mismo, para que los ciudadanos del centro, también en los términos de las teorías del sistema-mundo, puedan solazarse los fines de semana contemplándonos en una impuesta primitiva rusticidad, que tanto alegra a algunos de nuestros representantes, para reconfortar a aquellos que, viéndonos, se creen civilizados.