Legitimidad o legalidad

Ha sido conocerse la supuesta sinvergonzonería del señor Urdangarín, con todo el corolario de delitos que se le atribuyen y habrán de ser probados en sede judicial, y, además de las apuestas acerca de si prevalecerá la isonomía propugnada por algunos clásicos, la igualdad de todos ante la ley, se ha destapado una competición de coros para acreditar o desacreditar la monarquía como forma de gobierno. Dicen unos que tales actos no la empañan; otros, en cambio, aseveran que son prueba de su invalidez.

            Mas semejante debate profundiza en la deliberada confusión entre legalidad y legitimidad. Un ayuntamiento, comunidad autónoma o caja de ahorros, pongamos por caso, no pierde su carácter o condición porque uno de sus gestores se dedique a cometer cuánta tropelía le parezca. Si alguno de estos quebranta la ley tendrá, mandato judicial previo, que cumplir la pena que se le imponga sin que la institución se deslegitime. Tal ocurre porque mientras la legalidad tiene que ver con las reglas formales emanadas del poder, la legitimidad en que éste se asienta precisa de un acuerdo social que, yendo más allá del consenso sobre las formas, se funda en la aceptación de los fines. Por supuesto no hay que confundir legitimidad con democracia pues ejemplos hay, como Max Weber mostrara, de naciones que aceptan carismáticamente o por mera tradición a gobernantes que no son fruto de elección alguna. O incluso otras, no tan alejadas, que aplauden un paternalista “despotismo tecnocrático” presentado como súmmum de una pretendida racionalidad.

            Y así, mientras la legalidad se deteriora por su inutilidad, la legitimidad de una institución se menoscaba sólo cuando se produce un distanciamiento entre los principios y fines sociales en que se basa y aquellos que representa. Por tanto, más allá de cualquier factor distorsionador, que los hay en abundancia, el problema no es la eficacia o ineficacia, el coste o el comportamiento de sus miembros: lo que cuestiona la legitimidad de la monarquía es si una sociedad que se dice democrática puede tener por máximo representante a alguien que no ha sido elegido por nadie. En suma, si la legitimidad va más allá de aquellas controversias postmedievales que planteaban que es la ley quien hace al rey y no el rey quien hace la ley, tendremos que discutir no sólo de los medios con que nos dotamos para gobernarnos, las leyes, sino también de los principios en que éstas se han de asentar y los fines que como sociedad buscamos.  Feliz y propicio 2012 para todos.