La nacionalización de la mayoría de las acciones de YPF, la filial de Repsol, ha puesto de manifiesto cómo operan dos lógicas, o dos relatos como ahora dicen los modernos, radicalmente diferentes. Dentro de cuatro años Argentina celebrará el bicentenario de su constitución como Estado (se independizó en julio de 1816, si bien todavía habría de pasar un siglo hasta que el nuevo país logró la conquista del desierto y, sobre todo, del Chaco). Por tanto, los discursos oídos estos días nos pueden desligarse de una construcción nacional todavía en curso. No han de extrañar las apelaciones a “lo nuestro” o que un ministro diga que “nos han robado los recursos naturales de oro, plata, aceite, azúcar, los limones, agua, soja, cueros, para construir su riqueza desproporcionada con la esclavitud”. En este marco, un chivo expiatorio, un enemigo fácil de identificar, facilita el relato de la construcción nacional como paso a la emancipación social. Y el ministro Soria, con sus torpes palabras, fue capaz de unir, en el imaginario argentino, a conquistadores y multinacionales trazando una línea de continuidad entre unos y otras.
Frente a esta lógica de la utilización del sentimiento para favorecer a las élites económicas, se contrapone desde aquí la lógica de la rentabilidad y el beneficio de la globalización. Porque, por más que se repita, la mayoría del capital de Repsol no es español. A mayores, de lo que gana por todo el mundo, sin contar lo que tiene en paraísos fiscales, que es mucho, sólo el 25% lo tributa en España. En el fondo, la empresa hace honor al significado estricto del término multinacional. Ahora bien, como entre sus propietarios se incluyen empresas públicas de otros países, nos encontramos con el contrasentido de que el gobierno español se está esforzando por defender tanto los intereses de fondos privados como los de otros gobiernos.
En suma, mientras el gobierno de Argentina, falaz y arbitrariamente, por supuesto, resguarda los recursos propios para que sirvan para mantener a los argentinos, el nuestro se dedica a preservar un status quo en el que las materias primas se utilizan no para el consumo y la generación de riqueza, sino para especular en el mercado. A todos los españoles beneficiaría dicha empresa, si los sucesivos gobiernos españoles no la hubieran privatizado en tandas que comenzaron en 1987 (Felipe González) y concluyeron diez años después (Aznar). No se enfrentan, pues, Argentina y España, sino dos lógicas diferentes que, en última instancia, coinciden en beneficiar a unos pocos y en arroparse con banderas.
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